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Columna D16 - "Corto y Cambio"

Columna de opinión quincenal del Coordinador General de ARP
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Confrontación política en la policía: arma de desunión masiva

publicado a la‎(s)‎ 19 feb. 2018 6:29 por ARP Sindicato PN   [ actualizado el 19 feb. 2018 13:38 ]




Una de las herramientas de control y dominio que desde las cúpulas de poder manejan de manera más efectiva es la de confrontar políticamente a los miembros de un mismo colectivo o a la sociedad en general.

A través de la polarización política trasladan el intenso debate que les convenga, a sabiendas de que despierta pasiones irracionales, adhesiones incuestionables y que a su vez mantiene desenfocados a sus participantes de los verdaderos problemas que les acucian y que deberían ocupar su máxima preocupación e interés.

Es una estrategia generalizada que vale para cualquier ámbito social y que en nuestro país se ha consolidado llegando a materializarse en el popular término de “Las dos Españas”.

Un sector que padece, por desgracia y de manera relevante, este uso interesado de enfrentamiento, es el colectivo policial. Hay una predisposición a posicionar a cada uno de sus integrantes en una determinada opción política e ideológica, buscando el descrédito del señalado. Las palabras facha, rojo o podemita se utilizan con el mismo desparpajo y sorna, que tristemente carga de profundidad y veneno llevan insertadas. El etiquetamiento político o ideológico puede en determinados casos desembocar en casos de acoso, marginación y en frustración profesional.

Pero algo está cambiando al respecto y al hilo de los últimos acontecimientos que estamos viviendo en la Policía, primero con la fundación hace algo más de un año del sindicato policial vanguardista y del cambio, Agrupación Reformista de Policías (ARP). Y después con la reciente aparición de la exitosa asociación nacida en Palencia denominada JUSAPOL (Justicia Salarial Policial).

¿Y por qué estos dos agentes sociales de auténtico cambio han removido el mundo policial actual y están realizando una misión regeneradora imprescindible?

En ARP entre los principios que conforman su ideario se encuentra el de la rabiosa independencia de los partidos políticos, pero a su vez potenciando los contactos con las fuerzas políticas gobernantes o en la oposición “sean de la ideología que sean”, para la consecución de logros para el colectivo, búsqueda de acuerdos, reformas legislativas, etc., pero siempre desde el máximo respeto al marco estatutario que le obliga.

Desde una perspectiva avanzada se recoge en la declaración de principios de ARP “el respeto a todas las ideologías políticas y a todos los partidos legalmente constituidos como elemento esencial de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y miembros con la denominación de agentes de la Autoridad, que en el ejercicio de su cargo no deben tener ideología”, debiendo atender con la misma diligencia y trato a cualquier persona independientemente de su adscripción política.

Por otro lado JUSAPOL como histórico y catalizador agente aglutinador de policías y guardia civiles (en lo que considero el verdadero germen de la futura unificación de ambos cuerpos hermanos, que ante la incapacidad de gobiernos y sindicatos se han unido de facto ajenos a ningún tipo de control y desde sus bases para la reivindicación de sus derechos) ha desarrollado una honesta política de convergencia, de acercamiento a cualquier fuerza política, sea cuál sea su ideario, y todo en pos de la materialización de la equiparación salarial deseada.

Y mantener estas posiciones progresistas en un marco excesivamente conservador, y contaminado con el axioma interesadamente difundido y aceptado en el colectivo policial de que cualquier intento de reforma y cambio procede de determinadas posiciones políticas supuestamente radicales es realmente complicado.

Ante la independencia demostrada públicamente por JUSAPOL como por ARP en el trato con los miembros de la clase política, no haciendo distinciones de ni vetando determinados partidos con importante representación en el Congreso de los Diputados como podría ser PODEMOS (al contrario y como sí se ha hecho últimamente de manera notoria por parte de la Unión Federal de Policías, UFP, o de manera implícita por parte del resto de organizaciones sindicales tradicionales policiales como podría ser el otrora progresista y ahora corporativista Sindicato Unificado de Policías, SUP) y acudiendo a reuniones con el objetivo de conseguir adhesiones para sus reivindicaciones, se abrió la veda desde actores cercanos a los sindicatos de siempre para etiquetarnos entre otras cosas de podemitas.

La falta de capacidad de análisis o posición gregaria sin criterio en unos casos, los intereses ocultos y miedo a la pérdida de privilegios en otros, y en suma lo que suponen los iniciales estertores de los de antes a causadel proceso de regeneración del modelo policial y de representación sindical, relacionan e identifican la independiente y necesaria actividad convergente y conciliadora de los nuevos agentes de cambio, JUSAPOL y ARP, con su adscripción a determinado partido. Confunden y atribuyen al ideario de todo el colectivo integrante de las dos únicas organizaciones vanguardistas actuales, el personal y constitucionalmente reconocido derecho individual de algunos de sus miembros a tener la ideología que quieran.

No asimilan los “sindisaurios” y sectores casposamente caducos del colectivo, que el proceso imparable de apertura de ojos y altura de miras de cada vez más policías, no entiende de ideologías o partidos concretos. Que ya identifica, sin hacer caso a las interferencias, cuáles son sus verdaderos problemas y no se deja engañar por el “arma de desunión masiva” de la confrontación política.

Que en la lucha por alcanzar logros profesionales sabe que no influye ni debe afectar si eres de Vox, Ciudadanos, PSOE, Izquierda Unida, Compromís o cualquiera de las opciones existentes. Que lo que realmente importa es tener un objetivo justo, estar solidaria y realmente unidos/as con tus compañeros/as, perseverar, estar en consonancia con la Ciudadanía de la que formas parte y a la cual te entregas a través de auténtico compromiso ético, el marco jurídico existente y ajenos a los usos partidistas de nuestra función.

Por eso hay que perder el miedo y crear el marco adecuado para poder expresar libremente nuestras ideas, nuestra disconformidad con los atropellos e injusticias laborales a las que nos vemos sometidos/as y en definitiva, cada cual en la medida de sus posibilidades, contribuir a construir verdaderamente la Policía del Futuro.

En la Agrupación Reformista de Policías tiene cabida, desde el máximo respeto, cualquier policía, sea cual su raza, sexo, religión, opinión, ideología política, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que se encuentre siempre dentro del marco legal vigente y de la defensa a ultranza de los Derechos Humanos. Además de que se promoverá y defenderá la expresión libre de pensamientos, ideas y opiniones. De esta forma se evita que, policías valientes, socialmente comprometidos y avanzadamente integrados en la era de la tecnología y redes sociales, como son nuestros queridos Alejandro León (Jandro) y Txema, sean atacados por quienes precisamente deberían defenderles.

En este proceso de cambio en la Policía, en el que JUSAPOL actuó como imprescindible catalizador, y en el que ARP surge como la única, seria y auténtica alternativa sindical policial de garantías y futuro, no caben falsos etiquetamientos políticos interesados ni burdas sucias campañas de desprestigio y contaminación, lo único importante es que sea cuál sea la privada ideología de los/as policías, no se utilice la misma para enfrentarnos. Muchos ya sabemos de dónde viene el problema, quiénes lo han perpetuado y cuál es la solución. Por eso hay que salirse de la fila, abandonar la inercia inmovilista y buscar las auténticas alternativas que nos procuren un presente de garantías para tener un horizonte esperanzador de logros para el colectivo policial. Y hoy por hoy, sólo JUSAPOL y Agrupación Reformista de Policías (ARP), cada uno desde su independencia y diferente idiosincrasia y funciones, son las únicas opciones fiables y viables de presente y de futuro.

Sindicatos policiales: transparencia y confianza

publicado a la‎(s)‎ 19 ene. 2018 5:20 por ARP Sindicato PN


En una sociedad avanzada uno de los aspectos que permite convivir de manera preventivamente segura son los diferentes mecanismos de control existentes, ya sean sociales o institucionales. El que se pueda salir a la calle con la tranquilidad de no ser atracado o atropellado nace entre otros muchos aspectos de la existencia de unas medidas de protección aprendidas e interiorizadas, de las normas que defienden nuestra integridad y de la confianza en aquellos que las hacen cumplir.

La confianza es básica para que podamos dejar a nuestros hijos en la guardería, para que compremos productos alimenticios en cualquier establecimiento o para que los políticos dirijan los órganos e instituciones públicas que manejan el dinero de nuestros impuestos. Si las herramientas sociales de control funcionan y ejercen su labor de manera adecuada se prospera y la ciudadanía alcanza cotas deseables de bienestar. El problema surge cuando no hay mecanismos de control, cuando los mismos no son lo suficientemente eficientes o cuando por intereses espurios no son utilizados como debiera de ser.

Y aquí es donde entra de lleno la necesidad de instaurar una cultura de la transparencia. Si bien se ha avanzado en cuanto a la percepción de la necesidad de fiscalizar la actividad de todos aquellos que ejercen una actividad oficial, o disfrutan de los beneficios de percibir fondos públicos, aún queda un camino complicado para que sea de absoluta normalidad el tener acceso público, total, inmediato y comprensible a dicha información.

Por eso desde la Agrupación Reformista de Policías, en consonancia con su compromiso por diseñar una auténtica sociedad de futuro, y aportando su impulso en esta materia y en el lugar que le corresponde, ha denunciado estos días al Ministerio de Interior que las subvenciones recibidas de la Administración por parte de algunos sindicatos policiales tradicionales pudieran estar siendo presuntamente desviadas en algunos casos, para la adquisición de regalos y compra de voluntades por votos, en clara competencia desleal con otras organizaciones sindicales.

Este es un caso evidente de la existencia de mecanismos de control, pero de la falta de voluntad de hacerlos funcionar. Existen sucesivas resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad en las que se anuncian partidas presupuestarias destinadas a la concesión de ayudas económicas y compensaciones a organizaciones sindicales policiales en función de los representantes obtenidos en el Consejo de Policía. Además de por su asistencia a la sesiones de dicho Consejo y Comisiones de Trabajo.

Pues en ningún momento se sometieron al control de las normas establecidas conforme establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Cabe recordar que esta última ley, en su artículo 88 establece la obligación de permitir a los afiliados a conocer la situación económica y acceder al régimen económico de la organización, donde se establezca el carácter, procedencia y destino de sus recursos.

Por eso desde ARP denunciamos que desde el año 2013 hasta ahora desde la Dirección General de la Policía, no se ha establecido norma o auditoría, pese a denuncias públicas existentes entre los propios sindicatos tradicionales, quienes sin ningún tipo de rubor informativo en redes sociales y circulares internas, en algún caso denunciaron que determinados sindicatos, actuaban presuntamente con contabilidades en “B”, deudas de 800.000 Euros, y que concretamente determinada organización sindical, pudiera estar recibiendo dinero de algún sindicato de clase, que a su vez recibe subvenciones del Ministerio del Empleo y Seguridad Social.

Dichas situaciones anómalas quedan en muchas ocasiones ocultas por la falta de información, por deseo de las personas implicadas y por la falta de la necesaria normativa fiscalizadora. Y conforme más opacidad existe en cualquier organización, más queda instaurada la cultura de la impunidad en el desarrollo de sus actividades.

Si cualquier integrante de la ciudadanía tiene el deber de cumplir la legalidad e incluso de vigilar que se cumpla dentro de sus posibilidades, no hay excusa alguna para que unos sindicatos que representan a policías, no sean mucho más exigentes en su cumplimiento. Si esto no ocurre, si estos sindicatos no trabajan por la transparencia de manera real y justifican su inoperancia al respecto, con excusas peregrinas o increíbles, debemos entender que ocultan algo. Y por ello, deben ser instados desde los organismos oficiales habilitados, a cumplir con el deber cívico y legal que les corresponde.

En la Agrupación Reformista de Policías trabajamos duro para que el ejercicio de la labor sindical en nuestro ámbito se regenere, con un cambio de modelo de representación sindical adecuado que destierre el que representan los sindicatos tradicionales basado en la opacidad, el disfrute de privilegios, la inoperancia y la falta de interés real por un colectivo policial que está abriendo los ojos, que desconfía de los de siempre, y el cual no va a permitir más que se le engañe. Ha llegado definitivamente la hora del cambio.

La mayor manifestación de Guardias Civiles y Policías de la democracia

publicado a la‎(s)‎ 16 dic. 2017 7:18 por ARP Sindicato PN


Nadie hubiera podido imaginar apenas hace unos meses que nos pudiéramos ver en una situación históricamente tan favorable para acabar con una de las mayores injusticias sufridas por policías y guardia civiles desde la década de los noventa en este país.


Una injusticia sustentada en el desequilibrio existente entre el salario percibido por los policías y guardia civiles con el de los policías autonómicos, ya sean mossos o ertzaintzas. Un despropósito que ha perdurado en el tiempo por intereses políticos y que ha asentado una desigualdad basada en que con las mismas funciones, e incluso menos competencias, unos cuerpos policiales han obtenido mayores ingresos que otros por realizar su trabajo diario.

Pero esta injusticia salarial no solo perduró por el interés político, sino que también aguantó en el tiempo por la falta de reacción y actitud de los agentes sindicales y colectivos policiales por cambiar dicha anómala situación.

Pero en un momento como el actual de cambio, de reformas y de asentar las bases de la nueva sociedad de futuro que se está gestando, el espíritu reivindicativo de policías y guardia civiles que dormía el sueño de Morfeo auto inducido, despierta ante la aparición estelar del movimiento de indignación policial JUSAPOL.

Desde ese momento y hasta ahora se han producido unas beneficiosas y exitosas situaciones que parten del disparo de salida del movimiento en Palencia, del apoyo de todas las asociaciones de la Guardia Civil y de los sindicatos policiales no representativos, como la Agrupación Reformista de Policías, que desde el inicio participó activamente por mandato democrático de sus afiliados y por ser una reivindicación recogida en sus estatutos fundacionales. Además de las diferentes iniciativas legislativas, multitudinarias concentraciones reivindicativas, apoyo masivo en redes sociales y medios de comunicación de partidos políticos, de personas relevantes y de una gran parte de la ciudadanía, que han catalizado el efecto multiplicador de la justa reivindicación.


También es justo decir que la desagradable situación vivida con el conflicto en Cataluña y nuestra participación allí, que en términos generales ha sido correcta, obviando la utilización política que se ha hecho por parte de ambas posiciones contrapuestas, además del momento de recuperación económica y sumado a los grandes esfuerzos que se hicieron en silencio respetuoso y que afectaron muy seriamente a los ingresos de policías y guardia civiles, han beneficiado y potenciado la urgente necesidad de resolver el agravio histórico y conseguir la equiparación salarial soñada.

Pues en todo este camino, que tampoco ha sido fácil y que aún tiene trayecto por transitar, en el que se ha puesto torticeramente en tela de juicio las intenciones de JUSAPOL acusándoles de querer sustituir a los sindicatos tradicionales (nada más lejos de la realidad, lo que hicieron es impulsar lo que deberían haber hecho antes los otros, incluso para acallar rumores interesados han afirmado públicamente que una vez conseguido el objetivo de la equiparación disolverían la asociación), desde la ARP y tras tratar personalmente con los jóvenes policías de base que coordinan y dirigen este movimiento de indignación, sólo puedo decir que, se les nota a kilómetros y, han contagiado su ilusión a miles de policías y guardia civiles, que están manejando notablemente un proyecto que ha crecido más allá de sus expectativas, que pueden pecar de inexpertos en algunos aspectos pero que les sobra capacidad como están demostrando y que aunque haya alrededor como aves de rapiña siempre intereses ajenos a sus nobles intenciones de conseguir la igualdad salarial con las policías autonómicas, ellos siguen su hoja de ruta y les respetamos por ello.

Y en esa hoja de ruta se contempla lo que va a ser el tercer punto de inflexión y más importante tras la Mesa de Negociación de Castilla y León en Palencia y la manifestación multitudinaria del pasado seis de octubre en Madrid, y es la más que previsible histórica manifestación del próximo día dieciocho de noviembre en Madrid. El sábado a las 11:30 horas desde la Puerta del Sol comenzará a cristalizar el encuentro de simpatizantes de toda España de este movimiento reivindicativo de indignación policial, formado por ciudadanos,  policías y guardia civiles que no va a tener parangón en Democracia.

Desde la Agrupación Reformista de Policías, como auténtico e independiente agente sindical reivindicativo de cambio y, en clara sintonía y simpatía con JUSAPOL esperamos que el grito, el clamor que se escuche en toda España el 18-N sea el impulso definitivo para la formalización inmediata del acuerdo de equiparación salarial, que se contemple ya en los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, que no permita ningún atisbo de duda de su cumplimiento y que se materialice de una vez por todas para disfrute de policías, guardia civiles y sus familias.

Porque una cosa está clara, como intenten engañarnos otra vez más, no vamos a cesar en nuestro empeño, en nuestras movilizaciones y vamos a utilizar el ingenio para sortear cualquier obstáculo que diseñen desde el Gobierno para frenar al movimiento de indignación por la justicia salarial policial.

La revolución de JUSAPOL

publicado a la‎(s)‎ 23 sept. 2017 4:57 por ARP Sindicato PN


Estaba cantado que tarde o temprano, como está ocurriendo en todos los sectores sociales, también iba a llegar al mundo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y más concretamente a su faceta reivindicativa de derechos laborales y salariales, un proceso de cambio o de reforma del panorama anterior.


En un clima de desafección con los sindicatos policiales de siempre, basado en su estancamiento y adormecimiento autoinducido, alejado de los verdaderos intereses de sus bases que son los que mensualmente con sus cuotas sustentan un imperio de élites sindicales complacientes con sus “patronos”, se rompe la baraja y se sube al escenario un agente de cambio con el que no contaban.

Policías de la ciudad de Palencia de esos que todos y cada uno conocemos, que aprovechaban como en cualquier otra ciudad o comisaría, para hacer la crítica de nuestra situación en la hora del café o en los vestuarios, de manera diferencial deciden dar un paso más allá y poner en funcionamiento aquello que reivindicaban, en definitiva, se activan en pos de sus ideas. Y así es como nace JUSAPOL (Justicia Salarial Policial).



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Tan sencillo como eso. Pasar del sindicalismo de salón, del monopolio sindical caduco de los representativos, y tomar las riendas de un tema que por no tratarse debidamente estaba afectando allí donde a todos más nos duele, al bolsillo. Tras años y años de sacrificios y respetuoso silencio ante la situación de pérdida de poder adquisitivo, desde el Gobierno empiezan a bombardear mediáticamente con el autobombo de nuestra supuesta mejora económica como país y la salida de la peor crisis vivida en decenios. Y por lo tanto era de recibo que los sindicatos, como valedores de nuestros derechos formaran un frente para la consecución de mejoras al respecto.

Pero es que si ya de por sí la situación requería ese esfuerzo, la justicia de la reivindicación se multiplicaba también exponencialmente al poner en el tapete la tremenda injusticia que supone la diferencia abismal de salarios entre policías, guardia civiles y los policías autonómicos. Una diferencia sustentada en cálculos políticos y que mantenía en una situación privilegiada a las policías autonómicas respecto de las estatales, teniendo no sólo las mismas funciones, sino incluso menos competencias.

Pues en un sueño de bellos y bellas durmientes, plácidamente instalados en el sopor provocado por la rueca de los sobresueldos, repartos de embajadas, negocio de la formación y ofrecimiento de servicios, compra de voluntades y votos con regalos y otras lindezas de público conocimiento, tienen que venir policías como Natán, Miguel, José y otros muchos miles más detrás de ellos, a sacar los colores a los sindicatos representativos, más concretamente el color amarillo que en sepia cada vez más definía la pésima acción sindical demostrada.


Y es que ha sido en este caso la equiparación salarial, tema que unifica intereses en el colectivo sin ningún lugar a dudas, lo que ha provocado el impacto y crisis en el modelo sindical anterior. Pero es que si no hubiera sido por éste, hubiera sido por cualquier otro tema de interés el que se desconfigurara el panorama anterior.

La Agrupación Reformista de Policías no sólo entiende lo que está ocurriendo, sino que forma parte activa y consustancial a lo que está pasando. No por casualidad contiene en su nomenclatura la palabra reformista y entre sus propuestas las del cambio de modelo y caduco marco de representación sindical policial. Ni tampoco es casualidad que entre sus objetivos fundacionales se encuentre la equiparación salarial en el mismo sentido que JUSAPOL. Al igual que tampoco es coincidencia que gran parte del éxito del movimiento de indignación policial nacido en Palencia se base en el potente funcionamiento en redes sociales, ya que ARP es una apuesta decidida por la tecnología y el vanguardismo que supone apostar por las herramientas ya no del futuro, sino de nuestro presente.

ARP es decididamente también, como JUSAPOL, un necesario agente del cambio, pero que pide a gritos la reforma del modelo policial actual y del marco de representación por inoperante. Conformamos una organización sindical moderna distinta a lo actualmente existente, por nuestro talante demócrata, de participación de las bases, por nuestra defensa a ultranza de los derechos humanos y nuestra denodada lucha contra la corrupción. Nuestra Agrupación ha sufrido desde su nacimiento ataques a través de torticeras corrientes de opinión que nos tildan de oportunistas, de ser correas de transmisión de determinados partidos políticos, de estar controlados desde la trastienda por personalidades del sindicalismo policial cuya participación real es la de ser afiliados cualificados con mucha experiencia y mucho que aportar, etc. Pero ARP es rabosamente independiente, inmune a la interesada confrontación ideológica con la que buscan dividir a los policías y que politiza a los sindicatos representativos, que son capaces del veto a determinadas opciones políticas por mero interés electoral o agradar a la “patronal”.

Todo esto es necesario recalcarlo porque una vez que cada uno sabe el lugar que corresponde a cada uno de los agentes del cambio de modelo en el tablero de la reivindicación, sin importarle intoxicaciones ni manipulaciones interesadas, puede entender lo que ocurre y participar allí donde realmente se busca conseguir cosas desde la transparencia y la honestidad.

Una cosa es cierta, el impulso y hoja de ruta de JUSAPOL y el de asociaciones de todo tipo, todas las de la Guardia Civil junto a los sindicatos no representativos que apoyaron el movimiento de indignación policial, están marcando el paso a los sindicatos representativos. Les están obligando a pactar con el Gobierno, a movilizarse, a despertar del sueño de los dinosaurios. Y sólo ya por eso valdría la pena todo lo que está pasando. Porque no olvidemos que al final todos saldremos beneficiados con las mejoras que se consigan, la diferencia es que unos no nos queremos conformar con unas migajas, ni utilizamos eufemismos como el de la “dignidad salarial”, queremos una verdadera #EQUIPARACIÓNYA.

No caigamos en la trampa

publicado a la‎(s)‎ 1 sept. 2017 9:29 por ARP Sindicato PN


Una de las características identificativas de la época y sociedad que estamos viviendo es que gran parte de la ciudadanía podemos perfectamente defender posiciones o axiomas que son ciertamente perjudiciales para nuestros intereses reales.

El ejemplo paradigmático es votar a partidos que en ningún caso van a materializar sus promesas electorales, y que además, nada tienen que ver sus políticas con la defensa de los intereses de una mayoría de sus votantes.

En este campo de lo que parecen y realmente son las cosas nos encontramos con el ataque incesante que se profiere a determinados estatus profesionales o lo que de manera torticera se denomina privilegios de dichas profesiones.

Entre las mismas podríamos encontrar sectores como el de los estibadores o el de los funcionarios públicos. Estos últimos objeto de furibundas críticas y envidias de todo tipo que tienen un origen intencionado y que poco a poco han calado en el ideario colectivo.

Hoy en día en nuestra sociedad en un gran sector de la población se considera que hay demasiados funcionarios públicos sustentados por el Estado, que además tienen unos derechos laborales privilegiados que no se disfrutan en el sector privado, con unos sueldos por encima de la media y con un desempeño profesional puesto en duda con la figura típica del burócrata desganado.

Y ahí es dónde hay que aclarar al vecino, a la amiga, al compañero, a la del bar, el del gimnasio, a tu familia o a quién sea, que equivocan el planteamiento. ¡Que no deben caer en la trampa! La trampa ideada, por aquellos que tienen intereses económicos, y difundida hasta la saciedad y en muchos casos, interiorizada por muchas personas.

La trampa de que hay muchos funcionarios cuando lo que hay es demasiados enchufados, asesores y otros puestos no sujetos a las garantías de un acceso por mérito y capacidad.

La trampa de que son unos privilegiados cuando lo que disfrutamos es el resultado de muchos años de luchas y logros sindicales a favor de la consecución de nuevos derechos y mejoras salariales.

La trampa de generalizar un ejercicio deficiente de la labor funcionarial cuando tenemos de los mejores funcionarios y mejor preparados a nivel mundial, cada uno en su materia, como demuestra la calidad de nuestra sanidad y otros servicios públicos, como el que afecta a la seguridad pública, y en el que nos entroncamos los policías.

En la Agrupación Reformista de Policías reivindicamos, como no puede ser de otra manera, los logros y mejoras que sean necesarias para el colectivo al que pertenecemos y defendemos. Pero siempre lo hacemos con un ojo puesto en la ciudadanía, entendiendo que, como ahora que estamos reivindicando una equiparación salarial con el agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que más gane siendo el momento crucial al recoger las declaraciones de julio de la Ministra de Trabajo Fátima Báñez en las que decía que era ya la hora de que se subieran los sueldos y las previas promesas electorales del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre equiparación salarial policial , nosotros vamos a proceder en nuestro interés pero también requiriendo que dicha presunta mejora tras la crisis, se refleje también en todos los sectores sociales.

Hicimos un gran esfuerzo todos durante la crisis para que ahora, el esfuerzo lo hagan los políticos. Y no sólo nos hagan recuperar la situación laboral y salarial anterior, sino que mejore respecto al punto de partida y de esta manera no ir dando pasos de cangrejo en nuestra situación, y subir peldaños en nuestro bienestar alcanzando parámetros de la Europa más avanzada.

Por eso en ARP queremos que mejoren las condiciones de los y las policías nacionales de este país, pero también que el estatuto profesional del funcionario sea la medida, el faro en el que se fijen las medidas de mejora laboral y salarial del resto de trabajadores. Porque como sigamos cayendo en la trampa de pensar que los funcionarios son unos privilegiados y que ganan demasiado, cada vez iremos perdiendo más derechos y llegará un momento en el que nuestros nietos echarán de menos las condiciones laborales y sueldos que sus abuelos les contaban que disfrutaban. Y serán esclavos insertados en una sociedad en la que trabajar ya no servirá para tener la suficiente autonomía para subsistir decentemente.

El síndrome del sindicalista de café

publicado a la‎(s)‎ 8 jul. 2017 10:02 por ARP Sindicato PN   [ actualizado el 19 ene. 2018 5:21 ]


¿Has escuchado alguna vez a tu compañero/a de trabajo hacer una crítica de algún aspecto del desempeño de vuestra función profesional con gran ímpetu, cargado/a  de razones y proporcionando una batería de soluciones al problema suscitado?

Seguro que la respuesta es afirmativa. Al igual que si se preguntara el lugar donde dicha escena ocurrió también hay muchas posibilidades de que fuera aprovechando un descanso en una cafetería o bar, en un pasillo o en cualquier otro sitio, menos allí donde tendría efectos reales dicha crítica.

No nos engañemos, tenemos la mayoría la capacidad de identificar y expresar los problemas existentes en el plano laboral, los autores de dichos problemas e incluso de materializar las soluciones pertinentes, pero ahí queda la cosa. En un simple “quejío”, en una letanía de qué mal estoy, cuánto daño me están procurando, pero a la hora de poner cartas en el asunto todo ese ímpetu y dignidad se difumina hasta desaparecer tornando en una gota más del malestar, que nunca llega a desbordar el vaso.

Y para sustituir esa desidia o falta de activismo para defender los propios derechos se acude a la representación sindical. Pero ojo, se acude a la misma como si fuera una delegación total de servicios que sustituya la inacción propia. En el mismo plano que la equivocada y arcaica argumentación que pontifica que con ir a votar cada cuatro años es suficiente para participar en la política de tu país.

Pero es que además nos encontramos que dicha representación sindical es muy criticada a su vez, por esos mismos que acuden a ella, argumentando que es por falta de reivindicación, de motivación, de falta de interés real en la defensa de sus compañeros, de perpetuar privilegios a costa de vender los intereses de la mayoría de trabajadores al patrón, etc. Y en muchas ocasiones se tiene razón. El modelo sindical que se ha instaurado en este país en el que cada vez perdemos más derechos y retrocedemos de manera inexorable en el bienestar laboral, ha quedado obsoleto y prostituido en su esencia.

Pero la solución no es bailarle el agua al credo neoliberal, que a través de su curia e ideólogos ejecuta y destruye cualquier atisbo de unión y defensa de los trabajadores, los cuales en su desequilibrada relación con el patrono tienen siempre las de perder. Y eso es lo que hacemos. En vez de tomar cartas en el asunto de manera directa sin delegar, aportando energía en la lucha de los propios derechos,  de intentar apoyar aquellas nuevas formaciones independientes que quieren reformar lo existente y llenar de contenido la palabra sindicalismo, nos unimos a la campaña crítica que lo único que hace es que la bola sea más grande hasta que nos alcance y atropelle.

Hay mucho que limpiar en el sindicalismo, hay mucho que reformar y hay mucha mentira e hipocresía que destapar, pero lo que tenemos que hacer todas y todos es salir del sindicalismo de salón o café, y ponernos las pilas aportando energía al proceso de defensa y lucha por los propios derechos. Además es indispensable hacer un ejercicio de análisis y discriminar aquellas representaciones sindicales honestas, reivindicativas, independientes, como es el caso dentro del colectivo policial de la Agrupación Reformista de Policías, de aquellas otras que han comprado una marca aprovechándose de inercias anteriores, se escudan en unas siglas, pero que en el fondo son los que están haciendo más daño a la lucha ya no solo por inacción, sino por vender a sus compañeros por dinero, liberaciones, partidismo, falta de principios o simplemente por no tener la capacidad necesaria para su función.


Distintas varas de medir

publicado a la‎(s)‎ 9 jun. 2017 7:36 por ARP Sindicato PN

Enlace a la columna en Diario 16


Estas últimas semanas de mayo del año 2017 ha sufrido un indignante ataque la Agrupación Reformista de Policías (ARP) al quererle retirar sus tablones de información sindical y adhesivos de las dependencias policiales de la Comunidad Valenciana por orden del Jefe Superior de Policía valenciano, amparándose en una denuncia del otrora progresista sindicato SUP.

En la tarde del viernes día 5 de mayo se le notificó a ARP dicha tropelía avalada por la División de Personal de la DGP en una decisión atentatoria contra el derecho constitucional a la Libertad Sindical, sin precedentes desde el inicio de la democracia y argumentándose como motivo el no ser una organización representativa basándose en la reciente Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

Para que se entienda, una organización sindical representativa en la Policía Nacional es aquella que cuando se celebran elecciones cada cuatro años al Consejo de Policía, órgano de representación paritario de la Administración y sindicatos, consigue al menos un consejero en dicho órgano, accediendo a los privilegios inherentes por consecución y ley. Por lo que si una organización sindical policial como ARP, nace semanas después a las elecciones al Consejo de la Policía, debe pasar una travesía en el desierto de casi cuatro años para poder acceder a unos derechos sindicales, algunos de ellos de tan básica y necesaria ejecución como comunicarse en los centros de trabajo con afiliados y futuribles. Resumiendo, que para poder llegar a ser representativo la ley no contempla (aunque no prohíbe) la posibilidad que como no representativo puedas comunicarte con tus afiliados a través del clásico tablón informativo en comisaría. Además de que, incluso la propia Administración se contradice puesto que hasta hace muy poco a otros sindicatos no representativos se les permitió sin ningún tipo de cortapisa que tuvieran tablones informativos en dependencias policiales, basándose en la Constitución y en que ningún texto legal prohíbe el desarrollo de un derecho sindical tan elemental.


Bueno, no quiero aburrir con justificaciones legales que los tribunales tendrán que dirimir en defensa de derechos constitucionales que no deben ser reprimidos a través de leyes de menor rango y utilizados de manera espuria para acallar una voz incómoda y a la vanguardia de la reivindicación en la Policía Nacional como es la Agrupación Reformista de Policías.

Pero es que este desafortunado episodio de ataque, analizado detenidamente y comparándose con determinadas conductas que hoy en día suceden en el colectivo policial, denota un trasfondo de agravios comparativos y discriminaciones en contraste con la tolerancia que se advierte desde determinadas cúpulas policiales con según qué aspectos que distan de incardinarnos en la institución moderna a la que aspiramos.

Alguna de esas conductas toleradas y de las que no es la primera vez que se tiene constancia, es la de exaltación o enaltecimiento en la uniformidad o en dependencias policiales de simbología franquista o fascista. Desde taquillas repletas de pegatinas en su parte externa y visible con alegorías al dictador Franco y bandera anticonstitucional, hasta pegatinas en el arma o llaveros visibles al público, etc.

Cada uno en su vida privada y en la intimidad de su casa puede hacer ostentación de lo que quiera, y por supuesto una sociedad avanzada debe luchar para que así sea aunque no se compartan determinadas simpatías o planteamientos ideológicos, pero en el espacio de convivencia, en un organismo público o por funcionario público en el neutral desempeño de su función no se puede permitir este tipo de proselitismos.

¿En qué país realmente democrático se entendería que se retiraran de un centro público tablones informativos o adhesivos de una organización sindical legalmente constituida para la defensa de los derechos de los trabajadores pero que se permitieran carteles insultando a líderes políticos democráticamente nombrados, apología de dictadores reconocidos o publicidad de empresas privadas?

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refiere en su articulado que los policías tenemos como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, por lo que cabría preguntarse, ¿cómo dicha misión es compatible con la tolerancia a la exhibición de símbolos que rememoran o exaltan una dictadura como la sufrida en España?

La carencia de preparación en valores y la falta de memoria respecto a los cambios que se produjeron en el colectivo policial tras una dura transición desde una Policía del Antiguo Régimen a la actual, en la que entre otros aspectos se consiguió la desmilitarización, provoca que se relativicen determinadas conductas y por el contrario se ataquen otras que deberían ser defendidas en una sociedad moderna y demócrata.

Costó mucho esfuerzo separar la imagen del colectivo policial del antiguo régimen cambiando de color de uniforme del gris al marrón, eliminando inicialmente de cinturones, gorras y elementos de la uniformidad el águila de San Juan con el yugo y las flechas para posteriormente eliminarla de manera definitiva, rompiendo con la dependencia de la jurisdicción militar, con ritos, ordenanzas y símbolos específicamente militares, para que en pleno Siglo XXI se retroceda y tolere determinada simbología, y por el contrario se permita reprimir a un sindicato policial cuya única intención es defender los derechos de los trabajadores.

Estamos aún lejos de la Policía del siglo XXI que merece un país que se hace denominar desarrollado mientras existan dos varas de medir claramente diferenciadas. Una que favorece a sindicatos y policías paralizados y complacientes con las injusticias dentro del colectivo y que tolera simbología simpatizante de dictaduras represoras de derechos y libertades. Y otra que perjudica a policías que en pleno uso de su independencia y compromiso democrático se dedican a reivindicar los derechos que como ciudadanos y trabajadores les corresponden, y a denunciar represiones y rémoras del pasado que por asimilación inconsciente o razones espurias aún sufrimos dentro del colectivo policial.

Corrupción y deterioro de la imagen de la policía

publicado a la‎(s)‎ 28 abr. 2017 6:06 por ARP Sindicato PN




Uno de los problemas de la saturación de información es que nos anestesia respecto de las implicaciones que contienen las noticias sobre corrupción que nos llegan. Estamos tan acostumbrados a digerir las corruptelas de nuestras clases dirigentes que ya empiezan a convertirse en una pieza más del decorado de nuestra gravemente herida democracia. Desde Fiscales Jefe Anticorrupción maniobrando para evitar diligencias de investigación sin una razón creíble que no sea presuntamente beneficiar al partido gobernante; hasta el nombramiento como comisario honorario de la Policía a Francisco Marhuenda por parte del inefable ex Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz (en aquel momento en funciones), siendo Marhuenda noticia por estar imputado (ahora investigado) por presuntamente coaccionar y formar parte de una organización criminal, aunque resultando finalmente archivada su imputación por las benévolas declaraciones de Cristina Cifuentes al respecto. Esto es parte del panorama del estercolero del que cada vez vamos teniendo más información y que cómo no, afecta de manera muy directa a la Policía como institución. 

En las últimas fechas parece ser que las investigaciones de mayor relevancia contra la corrupción se están produciendo desde la Guardia Civil y que un diseño de nombramientos de las cúpulas policiales en los últimos años parece que ha hecho mella para que la UDEF se haya quedado un poco descolgada en esta lucha contra la corrupción.

Desde el sindicato al que yo pertenezco y represento, la Agrupación Reformista de Policías (ARP), tenemos una posición de la más enérgica repulsa cuando tenemos conocimiento de la concesión de medallas a vírgenes, de nombramientos como el del último jefe superior de Policía Nacional en Cantabria que al parecer fue indultado por torturas, de la existencia de investigaciones a través de informaciones reservadas a policías sindicalistas sin control de ningún tipo para reprimirles por denunciar conductas policiales contrarias al respeto a los derechos humanos o a la creación de unidades policiales contra adversarios políticos en una clara reminiscencia de la Brigada Político Social franquista.

Desde un amplio sector corporativista en la Policía no se hace autocrítica y se vive en una especie de “Mundos de Yupi” solo centrándose en las intervenciones policiales exitosas, o se traslada la imagen del impostado “heroísmo” y patriotismo del colectivo, o se apoya desde determinadas unidades contra la corrupción a mandos caracterizados por no ser adalides en esa lucha pero muy agradecidos y generosos por ese apoyo a través de concesión de medallas, o se ataca a aquellos funcionarios incómodos con el establishment y todo ello bajo el amparo de políticos sin escrúpulos que hacen uso torticero de nuestra función. Y mientras esto ocurre nos van alejando progresivamente cada vez más de la estima de la ciudadanía.

Y esto que digo ahora de la desvalorización progresiva de nuestra imagen social ya lo adelanté en el año 2013 en una ponencia de mi autoría titulada “La imagen de la Policía”, dentro del Congreso Nacional del sindicato policial mayoritario, en aquel momento sindicato policial progresista de referencia y al que yo pertenecía.

En aquella ponencia se argumentaba que a partir del año 2008 se había producido un aumento progresivo de las manifestaciones en el territorio nacional y del número de participantes debido a la crisis y los recortes gubernamentales. Y que en una herramienta fundamental para conocer dichos datos, como era el anuario estadístico del Ministerio del interior, se empezó a modificar su diseño metodológico a partir del año 2008, detrayendo parámetros y datos de gran importancia como el número de participantes. Impidiendo de esta forma el transparente y relevante conocimiento de los hechos. Y a su vez que este aumento produjo un descenso progresivo de la confianza en la Policía con respecto a otras instituciones, como así revelaban los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas que por primera vez en mucho tiempo dejaban en un segundo lugar a la institución policial por detrás de la de la Guardia Civil. Y dicho deterioro se sustentaba también en el uso político de la función policial en las manifestaciones.

Además ya adelantaba la ponencia lo que iba a ser el futuro desarrollo de la conocida como Ley Mordaza al instalarse un endurecimiento del trato a la ciudadanía con las masivas e indiscriminadas identificaciones en las manifestaciones y la desproporcionada utilización del procedimiento sancionador con la pretensión de vaciar de contenido el derecho de reunión y manifestación.

Pues una propuesta para mejorar esa imagen era la creación de una plataforma o foro contra la corrupción dentro del sindicato entre cuyos objetivos principales se podrían encontrar: 

“Reivindicar y promover ante los grupos parlamentarios la inclusión real y efectiva de los sindicatos y de todas las instituciones del Estado en la futura ley de transparencia y buen gobierno. Y en caso de hacerse realidad dicha inclusión, realizar un seguimiento para observar su efectivo cumplimiento.”

“Creación  de un “Observatorio de la corrupción”, que sea una suerte de “buzón” para recibir informaciones provenientes, tanto de los policías en clave interna o externa, como de los ciudadanos, ya sea a través de redes y medios sociales en línea o cualquier otra vía, donde de manera confidencial se estudien minuciosa e individualmente, al objeto de poder dar “efectivo” curso a dichas informaciones recibidas, de la forma que mejor proceda y en garantía de la legalidad.

“Impulso y realización de cursos formativos internos sobre la corrupción, pero enfocados más que a la operativa policial, a perfeccionar la formación ética de todo el colectivo policial en aras a una mejor identificación y eliminación de las conductas corruptas en cualquier nivel institucional o social.”

“Realización, colaboración y participación en foros, debates, jornadas, seminarios, etc., con objeto de intercambiar información con otras instituciones oficiales y organizaciones de la sociedad civil al objeto de crear sinergias con el objeto de obtener  una mayor efectividad en la lucha contra la corrupción.”

Dicha propuesta aprobada por la totalidad de los representantes de dicho Congreso Nacional quedó intencionadamente sin desarrollo posterior. Si a eso se suma la retirada también de la causa de la denuncia del ático de Ignacio González, se puede entender el cambio de rumbo y la “salida” de allí de algunos sindicalistas.

Pues en la Agrupación Reformista de Policías (ARP) hemos recogido en nuestro proceder y estatutos la lucha denodada contra los abusos y la corrupción denunciando toda aquella conducta de la que tengamos conocimiento preferentemente en el ámbito profesional de nuestros afiliados. No se puede ser un colectivo, el policial, represor de la corrupción si no sabemos limpiar nuestra propia casa de conductas indignas y dejamos de mirar para otro lado.

Si no nos indignamos ante la concesión de medallas pensionadas a mandos por servicios prestados en una especie de pensión encubierta; o ante la vulneración de los Derechos Humanos por parte de elementos del colectivo que manchan el nombre del resto de policías; o ante la utilización política de nuestra función; o ante el enriquecimiento o condición privilegiada de determinadas cúpulas policiales sindicales a espaldas de su afiliación; o si exculpamos a determinados jefes policiales indultados por torturas argumentando dichas torturas como altercados de juventud; o miramos a otro lado ante el abuso de determinados policías en sus atribuciones nos convertiremos en un eslabón más del problema.

Por eso y para poder cambiar el signo de la mala imagen de nuestra labor que progresivamente unos elementos internos perniciosos han instalado de manera injusta en la opinión pública, debemos aislarles y denunciarles.

Hemos llegado a ese punto de no retorno en el que, o los policías nos consideramos también parte del problema y hacemos criba con aquellos que ensucian nuestro nombre, o sumidos en la complacencia y falta de capacidad de análisis introspectivo no recuperaremos esas cotas de aceptación que podríamos obtener como auténticos adalides de servicio a la ciudadanía.

Tecnología, redes sociales y nuevos derechos laborales

publicado a la‎(s)‎ 11 abr. 2017 9:30 por ARP Sindicato PN

Enlace a la columna en Diario16


Sólo hace falta fijarse en la realidad social para comprobar que su constante mutación es imparable. Y todo ello a pesar de ese ánimo conservador que sirve de protección ante la ineludible incertidumbre que provoca el tránsito a nuevos escenarios.

Y en esa inercia de lo inevitable se encuentra el avance tecnológico y las herramientas que van naciendo bajo su paraguas. Entre ellas se encuentran, como aprovechada y pura traslación de la necesidad de comunicación y socialización del hombre y la mujer, los teléfonos móviles (ahora en su versión musculada de los terminales inteligentes) y el boom de las redes sociales.

Se han instalado en nuestras vidas dichas herramientas con tal potencia y capacidad de penetración que hoy en día es prácticamente imposible concebir una comunidad humana sin su correspondiente red de relaciones a través de telefonía, internet y aplicaciones de mensajería instantánea como la imperial Whatsapp.

Pero el abrumador empuje de lo tecnológico y su inserción en nuestro día a día, sin tiempo a penas a digerir su influencia, provocan una serie de situaciones que merecen nuestra atención y debate. Porque no sólo es positivo todo aquello que acontece y se establece, sino que en algunos casos produce contraindicaciones que en países de nuestro entorno ha llegado al punto de obligar a su sociedad a tener que legislar y crear nuevos derechos laborales para protección de sus trabajadores.

Y uno de esos nuevos derechos es el de la desconexión digital del trabajador con su empresa una vez ya finalizada la jornada laboral, y que entró en vigor en Francia a principios de enero de este año 2017.

En una entrevista en la BBC sobre dicha vanguardista regulación opinó de manera muy gráfica el impulsor de la misma, el diputado socialista Benoit Hamon que dijo “Los empleados dejan físicamente la oficina, pero no dejan su trabajo (…) Ellos permanecen unidos por una especie de correa electrónica, como un perro. Los mensajes al móvil y el correo electrónico ‘colonizan’ la vida del individuo hasta el punto en que él o ella finalmente se rompen”.

Pero es que recientemente en España se han hecho eco de dicha vía de consecución de nuevo derecho laboral. Primero fue En Comú Podem que llevó la posibilidad de dicho reconocimiento al Congreso donde registró una proposición no de ley en la Cámara Baja y planteó la iniciativa de un plan de uso de las tecnologías de comunicación fuera de la jornada laboral.

Hace apenas unos días una pregunta al Gobierno del diputado Carles Campuzano de PDeCAT respecto a si se iba a reconocer el derecho de desconexión en España provocó la respuesta de que la Secretaría de Estado de Empleo estaba estudiando la posibilidad de una regulación que reconociera el derecho de los trabajadores a la desconexión digital de su empresa, una vez finalizada su jornada laboral.

En la misma línea esta semana el grupo parlamentario socialista registró otra proposición no de ley instando a la creación de un proyecto de ley de protección de derechos digitales que, entre otras medidas, reclama la reforma del régimen laboral vigente para que los trabajadores cuenten con privacidad ante las tecnologías usadas por los empresarios para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales y garantizar la desconexión digital fuera del horario de trabajo.

Como se puede comprobar ya se está moviendo la cosa pero aún lejos de poder disfrutar de una normativa moderna y garantista al respecto. Pero es que si el ejemplo anterior incide en el derecho a poder desligarte del “lazo digital” que te une a tu trabajo tras finalizar tu jornada laboral, hay otras situaciones que se están produciendo en el desempeño profesional del colectivo policial relacionadas con dichas nuevas herramientas tecnológicas y que requieren debate y regulación.

Son nuevas situaciones profesionales en las que se puede observar nítidamente como la realidad siempre va por delante de la norma. Es un hecho que la mayoría de policías hace uso de sus terminales telefónicos tanto para su comunicación con la empresa, en este caso la DGP, como sus compañeros o responsables de servicios. Una comunicación que no sólo se circunscribe a la llamada clásica de voz sino al uso de chats o grupos de trabajo a través de las nuevas aplicaciones de mensajería como Whatsapp. Si bien hay chats creados sin un ánimo profesional sino más bien lúdico para concentrar a diversos compañeros/as en un mismo espacio comunicativo, también es cierto que se han convertido en una herramienta estrictamente profesional en muchos casos. Una herramienta con una buena cantidad de ventajas pero que a su vez propone otro número no desdeñable de inconvenientes y dudas.

Si nos centramos inicialmente en el uso del terminal móvil particular como herramienta de comunicación por parte de la DGP cabe decir que ya hay reciente sentencia del Tribunal Supremo que establece que el trabajador no está obligado a dar su número de móvil y correo a la empresa.

Igualmente dicho terminal móvil es pagado por el propio usuario/a, en la esfera de su vida personal, sin recibir ningún tipo de remuneración que obligue o contemple algún derecho de la DGP sobre el uso policial de dicha herramienta.

En infinidad de ocasiones se solicita por parte de la Policía el facilitar un número de teléfono móvil para ser contactado y localizado como puede ser en minutas, solicitud de permisos, vacaciones, etc.

También es cierto que hay servicios policiales que por su especialidad y características requieren una disponibilidad de localización total. Las preguntas que surgen a la Agrupación Reformista de Policías son, ¿está bien regulada dicha disponibilidad? ¿Hay una justa retribución por no plegarse la condición de dicho puesto a ese nuevo derecho en ciernes como es el de la desconexión digital?

Si bien hay determinadas jefaturas que tienen acceso a un terminal móvil pagado por la Dirección General de la Policía, incluso con acceso a internet, desde ARP nos preguntamos, ¿qué normativa regula dichas asignaciones? ¿Por qué no pueden todos aquellos funcionarios a los que se les requiere disponibilidad tener acceso a un teléfono de empresa? ¿Si no tienen acceso a dicho terminal de empresa y hacen uso del particular por qué no se les concede una remuneración del tipo “plus tecnológico de conexión por necesidades del servicio”?

Es cierto que con la nueva normativa laboral se contempla en determinados casos una compensación en tiempo por el hecho de dicha disponibilidad, pero no está contemplado el que se use el propio terminal para uso profesional.

Hay que tener empatía con lo importante que es poder disfrutar del derecho a poder desconectar de la jornada laboral con lo relacionado que está el estrés o síndrome de Burnout con la incapacidad de poder conseguirlo. Y en el caso que el desempeño profesional exija la conexión digital que esté lo suficientemente regulada y compensada para que quién quiera o pueda no esté en franca desprotección.

Pero es que una herramienta tecnológica como es la aplicación de mensajería Whatsapp, que como es evidente es utilizada a través del propio teléfono móvil, se ha convertido su uso en el ámbito policial en una práctica difícil de ignorar.

Su inmediatez, la capacidad de comunicar de manera conjunta y a la vez a un grupo de usuarios, sus posibilidades de incluir fotos, documentos, ubicaciones, etc… la han convertido en imprescindible. Al igual que usarla a través del móvil que hace que sea desapercibido su uso.

Pues parece ser que el Área de Telecomunicaciones de la Policía Nacional sensible a esta práctica tiene pensado implementar una aplicación de mensajería similar a Whatsapp, pero con un estándar de seguridad militar denominada IMBOX.

Esta aplicación de administración exclusiva por la DGP no permitiría que la información transmitida saliera del ámbito policial como sí hace Whatsapp en EEUU, TELEGRAM en Rusia o de LINE en China.

Parece ser que desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía se piensa emitir Instrucción para prohibir el uso de otras aplicaciones de

mensajería que no sean la referida para transmitir informaciones de trabajo. Y que se investigará y fiscalizará que se cumpla dicha orden.

Además se está asegurando que dicha aplicación gratuita se puede instalar en teléfonos oficiales y particulares, en este último caso advirtiendo que no será lógicamente de obligado cumplimiento pero recalcando la prohibición de uso de las aplicaciones clásicas para temas oficiales.

Esta novedad introduce gran cantidad de incógnitas a dilucidar sin pérdida de tiempo y que preocupan a la Agrupación Reformista de Policías cómo ¿qué tipo de protocolos de control, cómo y por quién se van a realizar sobre dichos chats corporativos creados para labores profesionales? ¿El software de dicha aplicación es de código abierto? ¿Qué va a pasar con toda aquella información que ya se ha procesado por las aplicaciones tradicionales y que se hizo sin una regulación protectora de los derechos de los usuarios policiales y de la ciudadanía? ¿El negarte a instalarte dicha aplicación en tu propio teléfono particular sin conocer aún su funcionalidad o protocolo de fiscalización de uso creará discriminaciones para estar en determinados servicios? ¿Las organizaciones sindicales también tendrán que utilizar dicha aplicación bajo el control de la DGP poniéndose presuntamente en peligro el derecho a la confidencialidad y a la libertad sindical?

Si bien parece en la práctica una buena decisión para acabar con la incertidumbre normativa del uso profesional de las clásicas aplicaciones de mensajería se crea un espacio nuevo de incertidumbre que requiere determinar necesidades, costes, regularización, repercusión en la vida laboral y personal, y una negociación con todos los actores en juego que permita llegar a una solución consensuada y que no acabe como en la mayoría de ocasiones, perjudicando a los funcionarios policiales y ciudadanía con una vuelta de tuerca más en la pérdida de libertad y derechos.

¿Quién vigila al vigilante?

publicado a la‎(s)‎ 21 mar. 2017 6:56 por ARP Sindicato PN   [ actualizado el 27 mar. 2017 5:15 ]

Enlace a la columna en Diario 16


No hace falta ser un ciudadano versado para saber que hoy en día son múltiples los métodos y ocasiones en los que cualquier persona puede y es vigilada o controlada.

Conforme avanza la técnica y nos sumergimos más en el mundo digital todos nuestros movimientos del tipo que sean quedan reflejados en algún tipo de dispositivo o base de datos de algún lugar y bajo la custodia de, en muchas ocasiones, nadie sabe quién.

Pero es que a veces esa vulneración de nuestra intimidad unida a una falta de control de esa vigilancia a la que somos sometidos no nace siempre de la mera circunstancialidad de nuestra presencia en un lugar en un momento dado, sino que también puede provenir del uso perverso o malintencionado por parte de determinadas personas desde las instituciones del Estado.

Y os preguntaréis, ¿a qué viene esta aseveración tan grave y que argumentación la sustenta?

Pues solo hay que hacer un pequeño repaso a las informaciones que están apareciendo en los medios de comunicación en los últimos meses, y estos últimos días, respecto a grabaciones y control a personajes de tan alto rango político como pueden ser un Ministro del Interior español como el Sr. Fernández Díaz, afortunadamente ya en otros menesteres, o a las realizadas al rey emérito en su intimidad, que se van sumando y destapando la gran cantidad de oscuros pasajes que trufan lo que hasta hace nada era un idílico reinado. Pero subiendo en el escalafón, a lo global, conocemos de las presuntas grabaciones de la Administración Obama al histriónico nuevo presidente norteamericano Donald Trump o las anteriores a líderes mundiales como la máxima mandataria alemana Sra. Merkel que son un ejemplo de que nadie está exento a ver monitorizado su desarrollo profesional o atacada su intimidad sin el control jurisdiccional exigible.

Y esto es un hecho también a menor escala en el control o investigación que se ejerce dentro de la Policía Nacional, y también en el Guardia Civil, por parte de determinados comisarios o mandos cuando ponen en funcionamiento unas figuras de control interno denominadas “informaciones reservadas”.

Para aquellos que desconozcan en qué consisten dichas figuras basta con decir que son actuaciones o investigaciones fuera del control judicial y policial que determinados mandos de la policía aplican en la mayoría de las ocasiones sin unos requisitos formales de transparencia e imparcialidad en su instrucción, al no existir un reglamento al respecto que unifique criterios de su desarrollo normativo, ocasionando una clara indefensión jurídica que lesiona derechos constitucionales del funcionario investigado. Las “informaciones reservadas” contempladas en el ordenamiento jurídico administrativo español datan de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, Art. 134.2, etapa no democrática en el orden político y jurídico nacional y que aún perdura en su denominación en la Policía Nacional, señal inequívoca de que su aplicación ya de por sí es heredada de una norma derogada.

Para que se entienda bien, en la Policía Nacional pueden abrir una investigación a un policía internamente al libre arbitrio de un comisario, como fase previa a un expediente disciplinario. Una instrucción la cual es secreta, no conlleva ningún tipo de trámite escrito ni exigencia de control externo, ni notificación al investigado, ni posibilidad alguna de defensa. Por lo que si el comisario considera que dicha información reservada no interesa traducirla o desarrollarla más allá en la apertura de un expediente, el investigado puede no enterarse jamás de que fue objeto de dicha investigación.

Pero imaginad que sin conocer sobre la existencia de dicha información reservada por parte del investigado, la misma fuera trasladada al orden jurisdiccional conculcando todos sus derechos constitucionales de defensa.

O que aún, abriéndose expediente disciplinario en base a la previa información reservada, no se permita al investigado en dicha fase no regulada reglamentariamente poder defenderse para evitar la apertura del expediente.

O simplemente que tras dicha prospección o investigación sin control y finalmente a la mera consideración del comisario ordenante no se proceda a la apertura de un expediente disciplinario al investigado, sin informarle y sin poder éste último a lo mejor demostrar que la información que originó el proceso tiene un objeto malicioso.

Pues desde la Agrupación Reformista de Policías y en base a nuestro compromiso con la defensa de los derechos constitucionales del colectivo y de la ciudadanía redactamos un informe al respecto, que el pasado día 14 de marzo fue presentado a todos los Portavoces de la Comisión de Interior de las distintas agrupaciones parlamentarias en varias reuniones en el Congreso de los Diputados. Un informe que tuvo una gran aceptación por parte de todos los grupos y que muy probablemente sea el origen y el inicio de algún tipo de nueva regulación que acabe con la indefensión jurídica que significan estas informaciones reservadas, tanto para los investigados por conculcación de derechos como para los comisarios por poder ser fruto de denuncias por prevaricación por atribución de funciones que no les corresponden y por la indefinición jurídica, que en su interpretación extensiva puede llevarles a problemas legales serios.

Y sabemos de lo que hablamos porque somos varios los miembros de este sindicato que por el mero hecho de ser comprometidos con nuestra función reivindicativa, más allá de rancios corporativismos, o por denunciar la presunta vulneración del respeto a la Constitución y a la Declaración Universal de Derechos Humanos hemos sido objeto de dichas actuaciones reservadas.

Pero es que al hilo de esta vulneración de derechos dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cabe apuntar un dato que es poco conocido y que debería ser también regulado con mayor profundidad para una mayor garantía a la ciudadanía.

En la reciente nueva Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, y en su artículo 588 ter i, respecto del Acceso de las partes a las grabaciones en su punto 3 dice que “Se notificará por el juez de instrucción a las personas intervinientes en las comunicaciones interceptadas el hecho de la práctica de la injerencia y se les informará de las concretas comunicaciones en las que haya participado que resulten afectadas, salvo que sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado o puedan perjudicar futuras investigaciones.

Igualmente en su Artículo 588 bis h, respecto de Afectación de terceras personas se dice que “Podrán acordarse las medidas de investigación reguladas en los siguientes capítulos aun cuando afecten a terceras personas en los casos y con las condiciones que se regulan en las disposiciones específicas de cada una de ellas.”

Las preguntas que cabe hacerse tras la lectura de estos dos artículos que desarrollan y reforman una normativa que tiene más de cien años son, ¿antes de dicha nueva redacción cuántas miles o cientos de miles de personas en España habrán sido personas intervinientes en comunicaciones interceptadas y cuántas de ellas habrán sido informadas de la práctica de dicha injerencia y de las concretas comunicaciones afectadas?

Son tantos años y es tan alto el número de personas que de manera indirecta han visto vulnerada su intimidad sin conocimiento posterior de ello, que si encima la nueva redacción de la ley incluye clausulas exculpatorias tan abiertas como “que sea imposible” o “exija un esfuerzo desproporcionado”, continuaremos en ese oscuro espacio de la inseguridad jurídica y vulneración de derechos.

En ocasiones, defensas interesadas o ciudadanos ajenos al garantismo jurídico exigen a las instrucciones policiales o judiciales que se intervengan teléfonos que no se intervinieron en determinadas investigaciones por decisiones tasadas en razones obvias y garantistas por parte de los investigadores. Y todo ello formulado desde dichas defensas o personas afines por simples cálculos de interés, como últimamente se puede escuchar en determinado caso mediático.

Es por ello, entre otros aspectos, que si queremos crear un modelo de sociedad con los mimbres necesarios para poder decir que es avanzada y proteccionista de los derechos de la ciudadanía, nos vemos obligados a regular con más profundidad cómo afectan las intervenciones telefónicas e investigaciones a terceras personas o a los mismos investigados, sin poder tener conocimiento éstos de que en un momento dado fueron investigados.

Y para ello es prioritario crear un marco en el que los vigilantes e investigadores tengan las herramientas jurídicas y la preparación necesaria para que no nos tengamos que hacer en determinadas ocasiones la pregunta que titula este artículo, ¿quién vigila al vigilante?



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