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Un juez archiva la denuncia de mandos policiales contra 5 agentes de Benidorm por revelar secretos

publicado a la‎(s)‎ 26 jun. 2017 15:16 por ARP Sindicato PN
El sindicato ARP denuncia a cuatro responsables del Cuerpo ante el director de la Policía.
El juzgado considera que los miembros del SUP no cometieron delito en una queja interna por prolongar de forma irregular la puesta a disposición judicial de detenidos
P. Cerrada 25.06.2017

Manuel Soler (izda.), uno de los agentes exculpados por el juez, junto al coordinador general de la ARP.

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El juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm ha acordado el archivo de las diligencias abiertas en 2015 a cinco agentes denunciados por mandos de la Policía Nacional por los presuntos delitos de revelación de secretos y de injurias y calumnias. Los agentes investigados –imputados– que han sido ahora exculpados por el juzgado formaban parte del comité local del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y fueron denunciados tras presentar una queja interna al comisario de Benidorm en la que alertaban de que se estaba prorrogando indebidamente la estancia de detenidos en los calabozos sin ser puestos a disposición judicial pese a estar terminadas las diligencias. El juez considera que ni se calumnió al entonces jefe de la Brigada de Policía Judicial de Benidorm –un inspector ya jubilado que denunció a los miembros del SUP–, ni revelaron ningún secreto en la denuncia interna.

Uno de los policías exculpados ahora por el juez es Manuel Soler, quien actualmente ocupa el cargo de coordinador legal del sindicato Agrupación Reformista de Policías (ARP) y ha presentado a través del coordinador general de esta organización, Luis Miguel Lorente, una denuncia contra cuatro mandos para que el director general de la Policía depure responsabilidades por su actuación en los hechos.

Plazos incumplidos
El auto de archivo recoge que las actuaciones se iniciaron a raíz de un oficio de la Comisaría Provincial de Alicante donde se daba cuenta en abril de 2015 de que el secretario local del SUP podría haber cometido un delito de injurias y calumnias. Este dirigente sindical denunció que en la Comisaría de Benidorm no se estaban «cumpliendo debidamente los plazos legales de detención, prolongándose innecesariamente y más allá de lo debido la detención policial», según el auto judicial. De esta situación responsabilizó al entonces jefe de la Brigada Local de Policía Judicial y envió una carta al comisario donde exponía la problemática con las conducciones de los detenidos.

Además de exponer que en julio de 20014 se vulneraron de forma reiterada los derechos fundamentales de varios detenidos al prolongar «ilegalmente su estancia en los calabozos», el sindicato comunicó que el jefe de Policía Judicial amenazó con expedientar a los agentes que desoyeran su orden de no pasar a disposición judicial a nadie después de las once de la mañana aunque estuvieran ya terminados los atestados. El mismo mando llegó a decir a los policías que «tenemos 72 horas para hacer con los detenidos lo que queramos», según se recoge en la resolución judicial.

Añade el juez en el auto que para respaldar los hechos denunciados un representante sindical recabó «datos informáticos de algunos atestados con detenido», pero únicamente con fines «estadísticos» para «objetivar su crítica/denuncia de una situación que a su juicio considera ilegal». No mencionó ningún dato concreto de identificación de los casos y únicamente relató la demora en la puesta a disposición judicial de algunas personas detenidas en julio de 2014 en Benidorm, lo que a su juicio vulneraba sus derechos, precisa el magistrado. Esta denuncia se tramitó de forma interna y fue dirigida al comisario de Benidorm.

El magistrado señala que la Fiscalía no se opuso al archivo solicitado por las defensas de los cinco agentes investigados al considerar que las expresiones no eran constitutivas de un delito de injurias y el acceso a los datos policiales tampoco supuso un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

En los fundamentos jurídicos del auto de archivo, el juez indica que los hechos denunciados por el sindicato derivan en el fondo de «una falta estructural de medios materiales y humanos» que provoca que la conducción de detenidos a presencia judicial no pueda realizarse con la inmediatez que requiere una vez acabada la instrucción del atestado.

Hechos reales
Precisa el magistrado que tanto el delito de injuria como el de calumnia requieren la imputación de hechos o de delitos «con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad». Sin embargo, en el caso investigado, los juicios de valor u opiniones sobre la forma de actuar del jefe de Policía Judicial «resultan de una realidad que, todos los que han depuesto en las actuaciones, reconocen existe».

El juez considera que no hay ánimo de difamar ni injuriar y respecto al acceso a la base de datos policial considera que podría ser a lo sumo una infracción a la Ley de Protección de Datos, pero tal como lo hizo y para la finalidad que fue no constituye un delito de descubrimiento y revelación de secretos, «pues no ha trascendido por el denunciado información sensible de persona alguna que figure en dichos atestados policiales consultados».

Tras el archivo acordado por el juzgado, el coordinador general de «la Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha presentado en el registro de la Subdelegación del Gobierno en Alicante un escrito dirigido al director de la Policía, Germán López Iglesias, donde denuncia al comisario de Benidorm, al comisario ya jubilado que fue jefe provincial de Operaciones, al inspector jefe ya jubilado objeto de las denuncias sobre los detenidos y a una inspectora jefe que instruyó la información reservada que dio pie a la denuncia ahora archivada. El sindicato pide que se investigue lo ocurrido y se depuren responsabilidades al entender que han podido incurrir en faltas contempladas en el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

En el escrito de la ARP se señala que los cinco funcionarios ahora exculpados –dos de ellos miembros ahora de este nuevo sindicato– han estado imputados judicialmente durante más de 24 meses «sin que ningún órgano de la administración policial, ni el propio Consejo de la Policía, fuesen informados de estos hechos en su condición de representantes sindicales» al inicio del procedimiento.

Señala el sindicato que la «información reservada» abierta en la Comisaría de Benidorm tras denunciar el problema con los detenidos, se abrió de forma interesada y contraria al esclarecimiento de los hechos. Consideran grave que una información reservada que no sirvió para «la más mínima consideración disciplinaria, haya servido como prueba de cargo en sede judicial contra estos funcionarios sometidos a una indefensión administrativa». El sindicato expone al director de la Policía el acoso laboral a sus dos representantes sindicales y denuncia que se han conculcado los derechos de los agentes al no haber podido defenderse ante la Unidad de Régimen Disciplinario durante estos dos años.

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